La primera elección judicial en la historia de México concluyó su campaña en un ambiente lleno de controversias y desafíos. Con 7,773 candidatos compitiendo por casi 3,000 vacantes de jueces, magistrados y ministros en 19 estados, este proceso ha sido marcado por acusaciones de vínculos entre algunos aspirantes y el narcotráfico, generando serias dudas sobre la integridad de los comicios. Además, la aparición de «acordeones», listas que guían a los ciudadanos a votar por ciertos candidatos, ha enturbiado aún más el panorama, obligando al Instituto Nacional Electoral (INE) a intervenir y aclarar su postura sobre estas prácticas. Tal es la magnitud del evento que, en el ámbito federal, se elegirán nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral y jueces en todo el país, lo que promete un impacto significativo en el sistema judicial mexicano.
En este periodo de reflexión, conocido como veda electoral, los aspirantes deben guardar silencio mientras los votantes ponderan sus decisiones para una elección que involucra hasta doce boletas por elector. Todo esto ocurre bajo la atenta mirada de personajes centrales como las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz, quienes buscan mantener o adquirir posiciones de poder dentro del máximo tribunal del país. Los cierres de campaña variaron desde eventos multitudinarios prohibidos hasta recorridos casa por casa, reflejando la diversificación de estrategias de los candidatos. En medio de este escenario, las ministras han destacado por diferentes enfoques: Esquivel por su retórica inspirada en discursos presidenciales, Batres por un cierre ostentoso en Ciudad de México y Ortiz por su contacto cercano con los votantes en áreas vulnerables. Estas elecciones no solo redefinen el Poder Judicial, sino que también simbolizan la lucha por el control y la transparencia en un proceso histórico para México.
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