El sector público español se prepara para una manifestación de gran envergadura el próximo 7 de octubre en Madrid, convocada por asociaciones, sindicatos y plataformas de personal público temporal. Los participantes, liderados por la Plataforma de Afectados por la Función Pública, así como por asociaciones y sindicatos como FETAP-CGT, Co.bas y SAP-CGT, exigirán una solución definitiva al problema del abuso de la temporalidad en la Administración Pública y la readmisión de personal cesado.
La concentración tendrá lugar frente al Congreso de los Diputados entre las 11:00 y las 15:00 horas, coincidiendo con una sesión plenaria. Durante el evento, se llevarán a cabo reuniones con diferentes Grupos Parlamentarios para presentar sus demandas. El compromiso demostrado por los participantes es notable, ya que la mayoría no cuenta con liberaciones sindicales y utilizará jornadas vacacionales para asistir.
El respaldo a la convocatoria es significativo; casi 70 entidades, que incluyen colectivos de bomberos forestales y movimientos ciudadanos del ámbito sanitario, educativo y pensionista, han expresado su apoyo. Los convocantes fundamentan sus demandas en la normativa europea, particularmente en la Directiva 1999/70/CE y en sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La situación se desarrolla a pocos días del 9 de octubre, fecha en la que el Abogado General de la Unión Europea emitirá un informe crítico sobre una cuestión elevada por el Tribunal Supremo de España. Este documento podría influir en la postura del TJUE respecto a la problemática de la temporalidad, y posiblemente derivar en sanciones para el Estado español por incumplimiento de regulaciones europeas.
La ambigüedad del Gobierno de Pedro Sánchez en esta materia ha generado frustración entre miles de familias afectadas. Los manifestantes demandan la tramitación urgente de una Ley de Función Pública o una legislación específica que aborde tanto los abusos laborales actuales como la reincorporación de aquellos que han sido cesados injustamente tras años de servicio.
El conflicto de la temporalidad en las Administraciones Públicas tiene raíces profundas, atribuibles a prácticas de diferentes gobiernos y administraciones autonómicas y locales que han explotado la figura del trabajador temporal para tareas permanentes. La inacción gubernamental, junto con el incumplimiento por parte de los tribunales españoles de la normativa europea vinculante, ha intensificado el problema.
La manifestación se presenta como un llamado urgente al Gobierno para que tome medidas efectivas en defensa del personal público temporal, en una lucha que no solo es laboral, sino también de respeto a la normativa internacional y a los derechos fundamentales de los trabajadores.
Fuente: CGT
