El Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas de España reabren el debate sobre la financiación autonómica, centrándose en la actualización del criterio de población ajustada, según un encuentro técnico celebrado este martes. La población ajustada, clave en el reparto de recursos, se considera esencial para reflejar las necesidades de gasto de los territorios, pero el consenso parece distante. Desde que Hacienda propuso reforzar las variables demográficas y el gasto sanitario y educativo en 2021, las posturas de las comunidades permanecen inalteradas. Mientras algunas regiones piden mantener el enfoque transitorio basado en la población ajustada hasta evaluar el coste real de los servicios públicos, otras, más densamente pobladas, insisten en que esta variable no genere variaciones significativas en comparación con la población total.
En esta compleja negociación, las características territoriales, más que los intereses partidistas, han intensificado el desacuerdo entre las autonomías, complicando aún más la reforma del sistema. Comunidades con dispersión poblacional, como Aragón y Galicia, enfrentan obstáculos para aprovechar economías de escala, mientras que Madrid y Cataluña, con grandes poblaciones, muestran preferencias distintas. A pesar de que la propuesta inicial de Hacienda ha recogido alegaciones antes no consideradas, el reciente pacto de financiación singular con Cataluña y la condonación de deuda modifican el escenario. Un consenso emergente apunta hacia la demanda de una revisión integral del modelo, con todos los territorios reclamando mayores recursos, al tiempo que se aproxima la Conferencia de Presidentes en junio, donde se anticipa que estos temas puedan redefinir las prioridades de la agenda política.
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