El Ministerio para la Transición Ecológica acusa a las comunidades autónomas de no supervisar adecuadamente ni proporcionar información sobre la instalación obligatoria de puntos de recarga para coches eléctricos en gasolineras, conforme a la Ley de Cambio Climático. Esta normativa exige a las estaciones que venden más de 10 millones de litros anuales que instalen cargadores ultrarrápidos, y a las que superan los cinco millones, cargadores rápidos. Sin embargo, pese a que cerca de mil gasolineras deberían ya contar con esta infraestructura, no hay cifras oficiales sobre su implementación. En reuniones recientes de la Conferencia Sectorial de Energía y el Grupo de Trabajo de Infraestructuras de Recarga del Vehículo Eléctrico (GTIRVE), se evidenció la falta de datos claros. Repsol, Moeve y BP han avanzado instalando un considerable número de puntos de carga, pero esto no garantiza que cumplan todas las especificaciones legales.
Además, el ministerio resalta que solo Navarra y Castilla y León han enviado informes sobre el cumplimiento de la normativa, dejando a la mayoría de comunidades autónomas sin aportar la documentación requerida. La ley permite que los puntos de recarga sean instalados por terceros, siempre que no excedan los 300 metros de las instalaciones de combustible. A pesar de indicios de inspecciones puntuales, el enfoque actual parece más orientado a concienciar que a sancionar. Mientras tanto, el ministerio promueve la expansión de estas infraestructuras, lanzando el Mapa REVE que muestra la localización de más de 25,000 puntos de recarga pública, y planea nuevos programas de fomento, sugiriendo que la red actual es suficiente para el parque eléctrico vigente, con una baja tasa de ocupación.
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