El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un nuevo contrato de seguridad con un plazo de ejecución de 24 meses, prorrogable hasta 2030, con el objetivo de resguardar 50.000 inmuebles bajo la tutela de la Agencia de Vivienda Social (AVS). Esta medida refuerza la estrategia del Ejecutivo autonómico en proteger sus recursos, que comprenden 25.000 viviendas distribuidas en 119 localidades y que actualmente ofrecen un hogar a unos 100.000 habitantes de la Comunidad de Madrid. Además de las viviendas, se incluirán en el ámbito de protección los locales, garajes y parcelas que requieren vigilancia continua.
La iniciativa de seguridad no solo se centrará en la protección física mediante vigilancia, sino que también incorporará medios tecnológicos como alarmas y puertas antiocupación, herramientas diseñadas para aumentar la seguridad tanto de los inmuebles como de los inquilinos residentes en las viviendas sociales de la región. Estas acciones se inscriben en la misión de la AVS de garantizar un entorno seguro para los ciudadanos que dependen de sus servicios.
En el marco de su plan estratégico, el Gobierno regional ha anunciado la construcción de más de 2.100 nuevos hogares durante la actual Legislatura. En una fase inicial, ya están en construcción cerca de 1.200 viviendas en localidades como Majadahonda, Móstoles, Rivas Vaciamadrid, Valdemoro, Villa del Prado y Madrid capital, todos ellos destinados a facilitar el acceso a viviendas sociales.
En paralelo, se ha propuesto una novedad significativa en el nuevo Reglamento de Vivienda, actualmente en tramitación. Ante la creciente preocupación por el fenómeno de las ocupaciones ilegales, el reglamento estipulará que las personas con condenas por ocupación no podrán acceder a viviendas protegidas en la región durante cinco años. Esta restricción se aplicará a aquellos condenados por delitos de allanamiento de morada o usurpación, afectando a su elegibilidad para solicitar estos inmuebles en función de sentencias firmes emitidas en los cinco años previos a su solicitud.
El reglamento está en espera de aprobación, con un periodo de audiencia e información pública previsto antes de su formalización, la cual se estima para julio próximo. Con estas medidas, la Comunidad de Madrid busca no solo reforzar la protección de sus inmuebles, sino también fomentar una cultura de legalidad y responsabilidad en el acceso a la vivienda social.
