En plena mitad del mandato municipal, el Ayuntamiento de Barcelona enfrenta tensiones políticas significativas, especialmente en torno a la figura del alcalde socialista Jaume Collboni. En un reciente pleno, el partido Junts, principal fuerza de oposición que ganó las últimas elecciones, intentó sin éxito reprobar al alcalde por su manejo de la seguridad ciudadana y obstaculizar la aprobación de subvenciones por 26 millones de euros a diversas entidades. Sin embargo, la alianza entre comunes y ERC permitió a Collboni salir airoso, destacando una vez más el eje ideológico izquierda-derecha en el consistorio. Una maniobra particular de Barcelona en Comú facilitó la aprobación de las ayudas eliminando una subvención de 250.000 euros destinada a un evento inmobiliario, demostrando la hábil política de negociación en esta frágil administración municipal.
El debate también incluyó asuntos de seguridad, con la oposición —especialmente Junts, PP y Vox— pintando un escenario de creciente inseguridad en la ciudad. Acusaron a Collboni de un supuesto deterioro en barrios icónicos como el Raval, mientras el alcalde defendió la disminución de delitos en un 8% en el primer trimestre del año. El pleno abordó además la regulación del alquiler de temporada y las polémicas terminales de cruceros del Puerto de Barcelona. Respecto a la urbanización, se aprobó un plan para reestructurar la histórica Masia del Barça como sede social del club, a pesar de una investigación en curso por posibles daños al patrimonio arquitectónico, reflejando un complejo equilibrio entre desarrollo urbano y preservación cultural.
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