La creciente privatización y mercantilización de la Formación Profesional (FP) en España han quedado reflejadas en los datos académicos del curso 2022-23, marcando una inclinación notable hacia la modalidad online. Aunque originalmente concebida como una vía inclusiva para quienes no podían asistir a clases presenciales, esta alternativa educativa ha derivado en un negocio lucrativo dominado por multinacionales y fondos de inversión. En la actualidad, uno de cada cinco estudiantes de FP opta por la modalidad online, predominando la matrícula en centros privados. Esta tendencia subraya una brecha educativa facilitada por la falta de inversión pública que expulsa a los estudiantes hacia opciones privadas, promovidas mediante estrategias de marketing agresivas y regulaciones laxas que permiten obtener titulaciones de manera más expeditiva.
Las dudas sobre la calidad de la formación en FP online son crecientes, especialmente en campos que demandan habilidades prácticas, como la sanidad y la educación. Estudiar estas disciplinas a través de un teclado, sin la experiencia práctica adecuada, complica la inserción laboral de los egresados. Según un informe de la Comunidad de Madrid, los estudiantes de FP online enfrentan un mayor desafío para ingresar al mercado laboral comparado con sus pares de modalidades presenciales. Las críticas apuntan a la excesiva flexibilidad y reducción de supervisión en la FP privada online, factores que no han sido adecuadamente abordados por nuevas regulaciones como la LOMLOE. Para remediar esta situación, expertos proponen establecer estándares de calidad estrictos, incrementar la inversión pública en FP, eliminar tasas educativas y promover modelos híbridos de aprendizaje que equilibren la teoría con la práctica requerida para satisfacer las demandas reales del mercado laboral. Sin modificaciones sustanciales, la FP online corre el riesgo de perpetuar las desigualdades que intentaba mitigar.
Leer noticia completa en El Pais.
