La okupación se ha convertido en una preocupación constante en España, generando un calvario para los propietarios afectados. El creciente número de denuncias por ocupación de inmuebles refleja una situación legal compleja y prolongada, dificultando el desalojo de los okupas y elevando los costos judiciales para los dueños de las propiedades. Con este contexto, algunos propietarios han optado por vender sus viviendas ocupadas, atrayendo a inversores que ven estas transacciones como oportunidades para adquirir inmuebles a precios notablemente más bajos. Estos inversores, conscientes de los riesgos asociados, como reparaciones necesarias y la resolución de disputas con los okupas, enfrentan la posibilidad de largos procesos legales sin la opción de financiarse a través de préstamos hipotecarios.
En el ámbito legal, la legislación española aún presenta retos significativos para abordar la okupación con agilidad. La ley Orgánica 1/2025, que entrará en vigor en abril de 2025, busca acelerar los procedimientos judiciales referentes a delitos de usurpación, pero el colapso de los juzgados podría extender dichos procesos. Asimismo, la Ley 5/2018, conocida como ‘desahucio exprés’, ha tenido una efectividad limitada, especialmente cuando los okupas presentan documentos falsos que legítimamente los reconocen como ocupantes. A menudo, el proceso se prolonga cuando los okupas alegan vulnerabilidad económica, evidenciando la necesidad de mejoras estructurales en el sistema judicial español para proteger los derechos de los propietarios de manera más eficaz.
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