La integración de tecnología de vigilancia en los departamentos de policía se ha convertido en un campo competitivo, con empresas que despliegan ofertas sofisticadas para capturar a sus clientes. Axon, un actor clave en esta industria, ha introducido Draft One, una herramienta que utiliza inteligencia artificial para generar informes a partir del audio captado por cámaras corporales policiales. Esta innovación busca atraer clientes, aunque su precisión genera desconfianza.
En 2024, Axon amplió su alcance comprando Fusus, una plataforma que integra datos de diversas fuentes para crear «centros de crimen en tiempo real». Esta herramienta permite a más de 250 agencias acceder a imágenes de cámaras públicas y privadas, mediante una suscripción.
Flock Safety, otra empresa destacada, ha evolucionado de la lectura de matrículas a ofrecer servicios de vigilancia más amplios. Presente en más de 5,000 jurisdicciones, Flock integra detección de disparos y análisis de tráfico en tiempo real.
Motorola Solutions también ha fortalecido su presencia en el sector con un «ecosistema de tecnologías de seguridad» que incluye desde radios hasta análisis de video basados en inteligencia artificial. Su adquisición de Vigilant Solutions ha incrementado su capacidad analítica sobre matrículas.
SoundThinking, conocida anteriormente como ShotSpotter, ha diversificado sus servicios para ofrecer detección de disparos y gestión de casos. Su plataforma SafetySmart integra bases de datos aplicando inteligencia artificial para mejorar la gestión de seguridad.
Aunque los costos de estas tecnologías son elevados, las empresas buscan relaciones a largo plazo con la policía, incluso en contextos de ajustes presupuestarios. En Baton Rouge, la policía continúa usando ShotSpotter sin costo, destacando la adhesión a estas tecnologías pese a las limitaciones financieras.
El crecimiento de la industria de vigilancia gubernamental subraya la necesidad de que el público examine las adquisiciones tecnológicas locales. Lo que representa una simple línea en el presupuesto municipal podría traducirse en complejos sistemas de vigilancia, poniendo en riesgo la privacidad ciudadana.
