La Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos ha sacado a la luz serias preocupaciones sobre el uso de la tecnología de reconocimiento facial por parte del gobierno federal. En un informe reciente, se examinan las prácticas de tres importantes agencias gubernamentales: el Departamento de Justicia (DOJ), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), todos ellos destacados por su aplicación de esta controvertida tecnología.
El análisis revela que el DOJ emplea el reconocimiento facial a través de instituciones como el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, principalmente para obtener pistas en investigaciones criminales. Mientras tanto, el DHS utiliza esta tecnología para abordar delitos transfronterizos y controlar el flujo de viajeros. Por su parte, el HUD ha implementado sistemas de vigilancia con reconocimiento facial en ciertos proyectos de vivienda pública subvencionados federalmente.
No obstante, la Comisión ha criticado la formación inadecuada en el uso de esta tecnología dentro de estas agencias, advirtiendo sobre las amenazas que representa para los derechos civiles. La tecnología, según el informe, es particularmente propensa a inexactitudes cuando se trata de personas de color y miembros de la comunidad LGBTQ+. Las tasas de falsos positivos son alarmantemente altas, lo cual puede tener impactos devastadores en las investigaciones y en la vida de individuos inocentes.
La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha expresado su respaldo hacia una prohibición completa del uso gubernamental del reconocimiento facial, además de promover regulaciones estrictas para su uso en el sector privado. La EFF subrayó sus preocupaciones aportando comentarios al informe de la Comisión, resaltando los riesgos inherentes de la tecnología y fomentando una comprensión más profunda de su funcionamiento y repercusiones.
Ante estas revelaciones, la Comisión ha instado al Congreso y a líderes de las agencias implicadas a establecer normas más estrictas de supervisión y transparencia. Aunque han encontrado puntos en común con las advertencias del informe, la EFF sostiene que se necesitan acciones más contundentes. La organización sigue firme en su objetivo de prohibir el uso del reconocimiento facial por parte de las autoridades gubernamentales, y garantizar que esta tecnología no comprometa las libertades civiles y la privacidad en el ámbito privado.
