El inicio de la temporada 2025/2026 de LaLiga en España ha estado marcado no solo por la emoción en los terrenos de juego, sino también por una intensa controversia en el ámbito digital. Como ha sucedido en años anteriores, los principales operadores de telecomunicaciones del país —Movistar, Vodafone y Orange— han reactivado su estrategia de bloquear direcciones IP asociadas a retransmisiones ilegales de fútbol. Sin embargo, esta operación ha terminado afectando a páginas web y servicios completamente legítimos, causando un revuelo significativo entre los usuarios de internet.
La situación se desató cuando miles de usuarios comenzaron a notar problemas de acceso a diversas plataformas apenas momentos antes del inicio de los partidos. En foros como bandaancha.eu, decenas de clientes informaron sobre fallos en sus conexiones al intentar acceder a páginas detrás de Cloudflare, una popular red de distribución de contenidos. Las quejas señalaban un patrón claro: entre 5 y 10 minutos antes del comienzo, los bloqueos se hacían evidentes.
Movistar mostró errores desde primeras horas del día, aumentando a bloqueos totales durante el partido. Vodafone, por su parte, inició con mensajes de error genéricos, mientras que Orange aplicó bloqueos masivos a direcciones vinculadas.
Estos bloqueos surgieron de una sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona, emitida en diciembre de 2024, que permitía a LaLiga ordenar bloqueos semanales contra la piratería de sus partidos. No obstante, muchas direcciones IP afectadas son compartidas; Cloudflare, por ejemplo, alberga numerosos servicios bajo las mismas direcciones, lo que provoca que, al bloquear una IP, no solo se afecten servicios ilegales, sino también sitios legítimos.
Las críticas no tardaron en llegar. Expertos en ciberseguridad y asociaciones de derechos digitales han denunciado que estas prácticas comprometen la neutralidad de la red y el acceso libre a la información. Cloudflare ha iniciado acciones legales contra LaLiga, calificando la práctica de “desproporcionada e ineficaz”.
El asunto ha llegado al Congreso, donde algunos grupos han propuesto revisar estas medidas para evitar que usuarios inocentes sean perjudicados. En redes sociales, la indignación de los usuarios es palpable. Muchos que optaron por cambiar de operador para eludir los bloqueos, se encontraron con el mismo problema. Algunos intentan sortear las restricciones mediante VPNs o herramientas como Cloudflare Warp, aunque no siempre de manera eficaz.
Esta situación evidencia un conflicto más amplio entre la protección de los derechos de retransmisión y la garantía de que el acceso a Internet sea libre y neutral. La cuestión trasciende el fútbol, pues afecta la gestión del equilibrio entre la protección de la propiedad intelectual y los derechos de los ciudadanos a un Internet accesible y seguro. El debate continúa mientras se busca una solución justa y equilibrada que no penalice a usuarios legítimos ni obstruya el funcionamiento normal de servicios esenciales en la red.
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