Este viernes 2 de agosto marca un punto de inflexión en la regulación tecnológica en España y en toda la Unión Europea con la entrada en vigor del régimen sancionador del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (RIA). A partir de ahora, las empresas que no cumplan con las normativas sobre el desarrollo y uso de sistemas de inteligencia artificial se enfrentarán a sanciones que pueden alcanzar los 35 millones de euros o el 7% de su facturación anual global.
Esta nueva etapa llega en un momento de notable escepticismo social. Según una encuesta de Entelgy, apenas el 8,8% de los ciudadanos considera que existe una regulación lo suficientemente estricta para la inteligencia artificial. Además, un alarmante 88,6% cree que las instituciones no garantizan un control y supervisión adecuados de esta tecnología.
Los datos también revelan un bajo nivel de conocimiento sobre las regulaciones actuales. Solo el 11,4% de la población está informada sobre estas normativas, cifra que sube al 19,3% entre los jóvenes de 18 a 29 años. Esta situación resalta la urgencia de campañas educativas que acerquen la legislación al público y fortalezcan la confianza en un uso ético de estas tecnologías.
La privacidad es otra gran preocupación. Ocho de cada diez personas temen la recopilación indebida de datos personales por parte de la IA, especialmente en los grupos de 30 a 49 años (81,4%) y mayores de 50 (81%).
El nuevo régimen sancionador abordará prácticas de «riesgo inaceptable» para los derechos fundamentales. Se sancionarán actividades como la manipulación subliminal, explotación de vulnerabilidades de colectivos específicos, sistemas de puntuación social, reconocimiento facial masivo en espacios públicos, análisis de emociones en entornos laborales o educativos, categorización biométrica, y sistemas que predigan comportamientos delictivos.
Las empresas deberán ser rigurosas para evitar incumplimientos, garantizando transparencia, trazabilidad de datos, supervisión humana cuando sea necesaria y documentación técnica exhaustiva. Además, deberán informar a los usuarios cuando interactúen con sistemas de inteligencia artificial y colaborar activamente con la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA).
La aplicación efectiva del régimen sancionador del RIA se presenta como una herramienta concreta para asegurar un desarrollo responsable de la inteligencia artificial. Las organizaciones deberán revisar cuidadosamente sus modelos y adoptar salvaguardas que minimicen riesgos legales. El desafío es también recuperar la confianza de una ciudadanía que demanda protección y transparencia en el uso de estas tecnologías. Este es un paso decisivo hacia un futuro más seguro y regulado.
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