La Universidad de Columbia llegó a un acuerdo con la Administración de Donald Trump, aceptando pagar una sanción de 200 millones de dólares para recuperar 400 millones en financiamiento federal para sus proyectos de investigación. Este pacto se produce después de que el Gobierno retirara los fondos en marzo, acusando a la universidad de no combatir el antisemitismo en su campus. Columbia ha implementado medidas significativas, tales como adoptar la definición oficial de antisemitismo y sancionar severamente a estudiantes involucrados en protestas propalestinas, en un esfuerzo por congraciarse con la Casa Blanca y asegurar la continuidad de sus programas científicos.
En contraste con Columbia, que cedió a las demandas federales, Harvard se ha mantenido firme, rechazando las exigencias de Trump y llevando al Gobierno a los tribunales tras una congelación de 2,600 millones de dólares en fondos esenciales para investigaciones médicas vitales. Harvard busca revertir la decisión de la Administración republicana, destacándose como un bastión de resistencia frente a las políticas federales que combaten la inclusión. A pesar de esto, Trump ha expresado su confianza en ganar el caso en un futuro recurso legal. Mientras ambas universidades navegan estas complejas tensiones, la lucha refleja una creciente división entre las políticas gubernamentales y las instituciones académicas de élite en Estados Unidos.
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