En los primeros días de 2026, Colombia ha sido testigo de una escalada de violencia que ha dejado diez muertos en apenas seis días. La serie de asesinatos comenzó el 3 de enero con la masacre de tres mujeres en Santander de Quilichao, Cauca, un territorio complicado por el conflicto armado entre distintas facciones ilegales, principalmente las disidencias guerrilleras. Esta tragedia fue seguida por dos más el 6 de enero: una en el nordeste de Antioquia, donde se hallaron los cuerpos de tres miembros de una familia y otro individuo sin identificar, y otra en Norte de Santander, con el asesinato de tres hombres cerca de Cúcuta. Según la ONG Indepaz, que monitorea estos eventos, el inicio de 2025 no registró ninguna masacre, contrastando con las 78 ocurridas en todo el año. Actualmente, la atención nacional está dispersa entre esta crisis interna y las tensiones internacionales surgidas por la hostilidad entre Washington y Caracas.
La respuesta gubernamental ha sido limitada en cuanto a los incidentes de violencia, con el presidente Gustavo Petro sin pronunciarse sobre las masacres, mientras centra su atención en la política exterior y las amenazas del expresidente estadounidense Donald Trump. La Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín, ha sido la voz activa frente a estos episodios, en un contexto de creciente presión debido a un año electoral y un ejército dedicado al resguardo de la frontera con Venezuela. En contraste, la región del Catatumbo en Norte de Santander experimentó un incremento en el conflicto armado durante el último año, con 87,000 desplazados en 2025 y al menos 300 en lo que va de 2026, según la ONG Vivamos Humanos. La violencia ha causado cierres de vías, bloqueos a servicios médicos, y una crisis humanitaria persistente, que expertos temen seguirá oscureciendo el panorama social y político de Colombia.
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