La conmoción por el asesinato de Luz Mery Tristán ha puesto en el centro del debate público la necesidad de abordar con urgencia la violencia de género en el país. La indignación social alcanzó su punto culminante, instigando una respuesta legislativa que se materializó en el endurecimiento de las penas por feminicidio en el Congreso. Sin embargo, estas medidas, aunque necesarias, no lograron mitigar la persistente ola de feminicidios que azota al país. La falta de efectividad de las políticas de aumento de condenas refleja una problemática más profunda que requiere una atención integral, enfocada tanto en prevención como en educación.
A pesar de los intentos legislativos, el número de casos de feminicidio sigue siendo alarmante, lo que demanda una revaluación de las estrategias actuales y un planteamiento más radical. Expertos y activistas señalan que, además de incrementar las penas, es crucial implementar programas educativos que desafíen el arraigado machismo y robustecer los mecanismos de protección para las víctimas potenciales. La complejidad de la situación apunta a una epidemia social que necesita un compromiso firme y sostenido de las autoridades, junto con el apoyo de la sociedad civil, para lograr un cambio significativo en la lucha contra la violencia de género.
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