El Gobierno de Gustavo Petro ha suspendido indefinidamente la extradición de Willinton Henao, alias Mocho Olmedo, líder del Frente 33 de las disidencias de las FARC, según una resolución filtrada firmada por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Esta decisión se basa en la contribución de Henao al proceso de “paz total”, una estrategia clave para desmantelar la economía ilícita que alimenta la violencia en Colombia. Petro defiende la suspensión de extradiciones como herramienta para avanzar en las negociaciones con grupos armados, argumentando que el proceso de paz podría ayudar a erradicar cultivos ilícitos. La política ha generado controversia y es vista como un esfuerzo por salvar los progresos alcanzados con el Frente 33, uno de los acuerdos más avanzados en el marco de su política de paz.
La suspensión también afecta a Gabriel Yepes Mejía, alias HH, otro líder guerrillero, lo cual ha provocado tensiones con Estados Unidos. La administración de Petro enfrenta el riesgo de afectaciones en la relación bilateral, como la posible pérdida del estatus de “socio antidrogas” que garantiza asistencia militar por parte de Washington. Este movimiento surge en un contexto de creciente producción de cocaína en el país, según la ONU, lo que complica aún más la situación diplomática con Estados Unidos, especialmente cuando el Gobierno de Colombia intenta mantener negociaciones abiertas con grupos disidentes en varias regiones. La política de Petro intenta encontrar un equilibrio entre promover la paz interna y manejar relaciones internacionales críticas.
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