En el contexto colombiano, la búsqueda de la paz y la reconciliación sigue siendo un desafío monumental. A pesar de los repetidos llamados durante la Semana Santa para perdonar y reconciliarse, estas prácticas se mantienen al margen de la vida cotidiana y del ámbito político. La sociedad colombiana, en gran medida devota del cristianismo, parece haberse alejado de estos legados universales de Jesús de Nazaret, como lo demuestra el comportamiento de líderes que continúan viendo el perdón como sinónimo de impunidad. Hannah Arendt, una pensadora notable del siglo XX, abogó por el traslado del perdón del ámbito personal al público, subrayando su rol transformador en la política, aunque acepta los límites que existen frente a crímenes de lesa humanidad, donde la justicia y la memoria no deben ser sacrificadas por la impunidad.
En el complejo panorama colombiano, la reconciliación se plantea como un objetivo colectivo, opuesta al perdón individual. A pesar de avances históricos como la Constitución de 1991, la exclusión de las FARC-EP y el rechazo al Acuerdo de Paz de 2016 marcan retrocesos significativos. Durante la administración del presidente Gustavo Petro, denominado “Gobierno del cambio”, los conflictos internos resurgen, complicados por el fin del cese al fuego con grupos disidentes. La situación impulsa interrogantes sobre la capacidad del país para alcanzar consensos políticos necesarios para una convivencia más armónica. El futuro político de Colombia dependerá de crear un espacio para la deliberación democrática, libre de estigmas y violencia, buscando resucitar una democracia capaz de rendir homenaje a las víctimas y permitir un renacimiento en las urnas de 2026.
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