La Casa Blanca ha anunciado el fin de la crisis diplomática con Colombia en torno a la repatriación de inmigrantes, asegurando que el Gobierno de Bogotá ha aceptado todos los términos impuestos por el presidente Donald Trump. Esto incluye la aceptación incondicional de los inmigrantes colombianos deportados desde Estados Unidos, sin limitaciones ni demoras, incluso en aviones militares. Sin embargo, mientras Estados Unidos se compromete a no firmar aranceles ni sanciones sobre Colombia, mantiene otras medidas restrictivas, como la restricción de visados para funcionarios colombianos y controles aduaneros estrictos, hasta que se complete con éxito el primer vuelo de deportación.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, inicialmente compartió el comunicado estadounidense, sugiriendo su aceptación, pero luego lo eliminó sin explicación. Petro había respondido previamente con aranceles del 25% sobre productos estadounidenses y había cuestionado el uso de aviones militares para repatriar colombianos esposados. Este conflicto escaló hasta involucrar a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien convocó a una reunión urgente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños para mostrar apoyo a Colombia. Mientras Estados Unidos es un socio comercial clave para Colombia, las relaciones bilaterales se han tensado con este nuevo cambio en la política migratoria, lo que refleja el complicado panorama político entre ambos países.
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