El propietario de una granja en las afueras de Madrid enfrenta serias acusaciones legales por presuntos delitos contra la salud pública y la fauna y flora, según informaron fuentes judiciales. La investigación se inició tras una denuncia anónima que alertaba sobre prácticas insalubres en las instalaciones del lugar. Durante la inspección, las autoridades sanitarias encontraron condiciones extremadamente precarias que no solo ponen en riesgo la salud de los animales, sino también la de los consumidores potenciales de los productos derivados. Además, se descubrió que varias especies animales protegidas estaban siendo mantenidas en cautiverio sin los permisos pertinentes, lo que agrava la situación legal del propietario.
En el marco de estas pesquisas, las autoridades han ordenado el cierre temporal de la granja a la espera de un juicio que determine las responsabilidades del propietario en estos asuntos. Las organizaciones de protección ambiental han mostrado su preocupación y han instado a las autoridades a tomar medidas ejemplares para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. Mientras tanto, la comunidad local se mantiene expectante sobre el desarrollo del caso, que ha puesto en el punto de mira las prácticas de algunas explotaciones agrícolas en la región que operan al margen de la legalidad y con escaso control sanitario.
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