María Aperador, criminóloga y experta en ciberseguridad, ha lanzado una advertencia sobre los riesgos de compartir el código postal durante procesos de compra, una práctica común que plantea preocupaciones en torno a la protección de datos personales. A pesar de que muchas tiendas físicas solicitan esta información, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) respaldan la postura de que no es un requisito legal ni necesario, y que su finalidad principal es beneficiar a las empresas en sus estrategias de marketing. Aperador argumenta que, aunque puede parecer inofensivo, proporcionar el código postal ayuda a las empresas a recopilar y analizar datos geográficos de hábitos de consumo, permitiéndoles tomar decisiones sobre aperturas de nuevos establecimientos o el diseño de campañas publicitarias dirigidas.
Esta práctica ha generado un debate entre quienes consideran que compartir el código postal puede traer beneficios, como la apertura de tiendas más cercanas, y quienes abogan por proteger la privacidad de los consumidores y evitar el spam publicitario. La OCU aconseja a los consumidores tomar medidas simples para proteger su información, como proporcionar un código postal inventado si no influye en la entrega de servicios o productos. Este dilema pone en foco la necesidad de equilibrar los derechos de los consumidores a decidir qué información compartir con los intereses comerciales de las empresas, subrayando la importancia de la privacidad en la era digital. Los consumidores están llamados a ser conscientes y críticos sobre qué datos personales divulgan y en qué contextos, para mantener la seguridad en sus transacciones cotidianas.
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