En un sorpresivo movimiento inicial de su mandato, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva destinada a poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos. Esta medida afectaría a los bebés nacidos en el país de padres migrantes, potencialmente poniendo en riesgo la ciudadanía de alrededor de 1,2 millones de niños y alineándose con la agenda antiinmigrante del presidente. Sin embargo, la orden se enfrenta a fuertes desafíos legales, ya que numerosos estados y grupos activistas han presentado demandas argumentando que viola la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. Esta enmienda ha sido un pilar en la jurisprudencia estadounidense al garantizar que todas las personas nacidas en el país sean ciudadanos, un principio confirmado por la Corte Suprema desde 1898.
El jueves, el juez de Distrito John Coughenour bloqueó temporalmente la orden de Trump, describiéndola como claramente inconstitucional. Este bloqueo ofrece un respiro para los afectados, mientras al menos 22 estados y otros actores continúan su esfuerzo por detener la medida permanentemente. La acción de Trump ha reavivado el debate sobre la interpretación de la Decimocuarta Enmienda, junto con un posible aumento de impugnaciones legales que podrían llevar el caso ante el Tribunal Supremo. Aunque Trump busca implementar un cambio radical en las políticas de ciudadanía, el consenso entre expertos es que modificar este derecho requeriría una enmienda constitucional, un proceso arduo que demandaría una considerable aprobación legislativa y estatal.
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