El descontento crece en Cercedilla tras conocerse que la ministra de Sanidad, Mónica García, y otros vecinos de la exclusiva colonia de Camorritos siguen ocupando viviendas cuya concesión pública expiró en 2019. Estos residentes, entre los que se encuentran propietarios de chalets valorados entre uno y dos millones de euros, no pagan impuestos como el IBI, provocando indignación entre quienes sí deben cumplir con sus obligaciones tributarias. El Ayuntamiento de Cercedilla, ahora dueño del terreno tras la caducidad de la concesión y gestionado por el Grupo Independiente de Cercedilla (GIC) y el PSOE, enfrenta presiones para regularizar esta situación y hacer que todos los vecinos contribuyan equitativamente a las arcas municipales.
El PP y Vox han solicitado al gobierno municipal que actúe con transparencia en la gestión legal del asunto, que podría llegar a los tribunales y costar una alta suma al Ayuntamiento. Ambos partidos están preocupados por la posible adjudicación del caso al bufete Majavilitas, con vínculos personales con el alcalde Luis Barbero. Con más de 700 viviendas implicadas en una situación irregular, no sólo en Camorritos sino también en el Puerto de Navacerrada, la oposición insiste en que es necesario considerar otros equipos jurídicos. Denuncian además la falta de acceso a información y una actitud poco transparente por parte del gobierno local, creando un clima de incertidumbre y desconfianza entre los ciudadanos.
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