Más de 2.500 organizaciones han salido a las calles para manifestarse en contra de lo que describen como la «militarización de nuestras comunidades» y una creciente «deriva autoritaria» por parte de la actual Administración. Los manifestantes han expresado su preocupación por las medidas que consideran excesivas y que, según ellos, limitan las libertades civiles y fomentan un entorno de represión a nivel nacional. La protesta ha reunido a grupos de diversa índole, desde asociaciones de derechos humanos hasta organizaciones comunitarias, todas unidas por un sentimiento compartido de descontento y urgencia ante lo que consideran un cambio alarmante en la gobernanza.
Por su parte, la Administración ha respondido duramente, calificando las manifestaciones de «antiamericanas». Según portavoces gubernamentales, las medidas criticadas son respuestas necesarias para garantizar la seguridad nacional en un contexto cada vez más inestable. Esta reacción ha intensificado aún más las tensiones, ya que los organizadores de las protestas denuncian esta etiqueta como una táctica para deslegitimar el movimiento y silenciar las voces críticas. En medio de esta situación, la brecha entre el gobierno y los ciudadanos parece seguir ampliándose, reflejando un clima de división y desconfianza creciente.
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