Anastasio Hernández Rojas, residente indocumentado en San Diego durante más de 25 años, murió brutalmente tras ser detenido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en la frontera el 28 de mayo de 2010. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe condenando al Estado estadounidense por la violación de los derechos humanos de Hernández Rojas y su familia. El informe detalla que el mexicano, a quien golpearon y electrocutaron, estaba desarmado. A pesar de pruebas contundentes, incluidos videos y testimonios, los fiscales cerraron el caso en 2015, sin formular cargos contra los agentes implicados. La CIDH destaca que el incidente ocurrió en un clima de discriminación contra los latinos y denunció la falta de una investigación rigurosa.
Años después, la comunidad internacional sigue clamando justicia, evidenciando la falta de consecuencias para los responsables. A pesar de las compensaciones económicas otorgadas a la familia en 2017, las recomendaciones de la CIDH, que incluyen la reapertura del caso y una reparación integral de los daños, permanecen sin respuesta. La viuda de Hernández, María de Jesús Puga Morán, continúa su lucha incansable por justicia. Emotivamente, ha expresado que la verdad sobre los hechos finalmente ha salido a la luz, y para Anastasio, este reconocimiento es un regalo, aún después de tanto tiempo sin resolver.
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