La crisis derivada de la investigación a Santos Cerdán ha sacudido al gobierno de María Chivite en Navarra, aunque la presidenta se sostiene con el apoyo de sus socios parlamentarios. La oposición de derecha, liderada por UPN, PP y Vox, presiona intensamente, pero la estabilidad gubernamental se mantiene gracias a los votos de Geroa Bai, Contigo-Zurekin y un respaldo continuo de EH Bildu. Este respaldo le ha permitido a Chivite aprobar seis presupuestos en sus dos mandatos. La posibilidad de una moción de censura se considera remota, ya que el ejecutivo y EH Bildu suman una mayoría de 30 de los 50 escaños. Chivite enfrenta con firmeza las acusaciones, defendiendo la transparencia de su gobierno y el del PSN.
El terremoto político se intensificó con la dimisión de Ramón Alzórriz, su número dos, tras revelarse conexiones con la empresa investigada, Servinabar. Las indagaciones apuntan a la implicación de Cerdán en millonarias adjudicaciones a esta empresa, formando una unión con Acciona para obras relevantes, como los túneles de Belate. La respuesta de Chivite ha sido solicitar auditorías de varios contratos y las cuentas del PSN durante el liderazgo de Cerdán. Además, ha impulsado una comisión de investigación sobre las licitaciones, un movimiento que busca arrojar luz sobre las actuaciones del gobierno foral en la última década. La situación ha llevado a que los socios gubernamentales pidan habilitar los meses de verano para trabajar en esta investigación, en un esfuerzo por controlar el daño político y asegurar la estabilidad de la coalición gobernante en Navarra.
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