La crisis climática y ecológica en Chile está alcanzando un punto crítico, afectando a comunidades, ecosistemas y el desarrollo productivo. La urgencia de implementar un cambio transformador para preservar la naturaleza es cada vez más apremiante, a medida que la ventana de oportunidad para detener y revertir la pérdida de biodiversidad se cierra rápidamente. A pesar de la necesidad de una modernización institucional que facilite permisos y evaluaciones ambientales, la agenda pro-inversión del Gobierno, enfatizada en proyectos de ley que favorecen al sector privado, está debilitando los estándares socioambientales básicos. En un contexto donde se perciben intentos de flexibilización que podrían sacrificar la protección del entorno natural, 160 organizaciones chilenas han alzado la voz cuestionando esta dirección legislativa.
Simultáneamente, el país enfrenta una ofensiva por parte de la industria del hidrógeno «verde» y el extractivismo de litio, sin contar con condiciones adecuadas para su desarrollo sostenible. La falta de compromiso institucional ante concesiones medioambientales y una serie de políticas erráticas, como la Ley de Cambio Climático y la implementación de acuerdos internacionales, suscita preocupación por un posible retroceso ambiental en Chile. Ante esta situación de crisis múltiple —contaminación, cambio climático y pérdida de biodiversidad—, es imperativo rectificar el curso mediante un diálogo político basado en evidencia científica. De lo contrario, el país no solo corre el riesgo de perpetuar las externalidades negativas sobre sus comunidades y ecosistemas, sino también de intensificar los conflictos socioambientales, complicando más aún el panorama para futuras inversiones sostenibles.
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