Una nueva batalla legal se avecina en el panorama judicial español, donde una veintena de activistas enfrentan la justicia ante la posibilidad de recibir condenas que, en conjunto, suman más de 120 años de prisión. Las acusaciones derivan de los cargos de «desórdenes públicos» y «enfrentamientos con la Policía», vinculados a las protestas que se llevaron a cabo el 25 de septiembre de 2012 en Madrid. Estos eventos ocurrieron en un periodo de amplio descontento social, una ola de manifestaciones que buscaba mostrar el rechazo a las políticas del Gobierno del Partido Popular, liderado entonces por Mariano Rajoy, en un contexto marcado por la severa crisis económica de 2008.
Desde la Confederación General del Trabajo (CGT), se ha emitido un contundente comunicado de apoyo a los activistas que comparecerán ante el tribunal este 18 de noviembre. La organización anarcosindicalista subraya que las manifestaciones, que congregaron a miles en la plaza de Neptuno cerca del Congreso de los Diputados, fueron una expresión legítima del descontento ciudadano. La protesta fue una de muchas durante aquellos años intensamente politizados, en los que las políticas de austeridad provocaron una creciente animosidad entre la población.
Durante la jornada del 25-S, el despliegue de más de 1.300 agentes de la Unidad de Intervención Policial en Madrid culminó en enfrentamientos violentos. Testigos y organizaciones señalan que la intervención policial cruzó la línea con infiltrados entre los manifestantes y cargas que alcanzaron espacios como la estación de Atocha, afectando incluso a quienes no participaban en la movilización. El saldo fue alarmante: 34 detenciones y 64 personas heridas, entre las que se contaron 27 policías.
CGT remarca la trascendencia de estas movilizaciones, que forzaron al Partido Popular a conceptualizar y aprobar la polémica Ley Mordaza, crítica en su postura de dar mayor poder a las fuerzas policiales para limitar la disidencia. Esta legislación, concebida para contener el maremoto de protestas, ha sido objeto de críticas por su papel en la criminalización de la protesta social y la acción sindical. Organizaciones como CGT han denunciado que a pesar de las promesas políticas de derogarla, apenas se han realizado cambios cosméticos que preservan su esencia restrictiva sobre derechos fundamentales.
En su declaración, CGT no solo demanda la absolución de los activistas, sino que también exige al Gobierno actual, constituido por PSOE y SUMAR, que cumpla su promesa de derogar todas las leyes conocidas como «mordazas». Argumentan que estas normativas han sido utilizadas sistemáticamente para coartar los derechos de expresión y protesta, fundamentales en una democracia robusta y participativa. La batalla que ahora se libra en los tribunales es más que un proceso legal; es un recordatorio del poder de las voces colectivas en lucha por un cambio estructural y por la protección de las libertades civiles.
Fuente: CGT
