El martes, 3 de septiembre de 2024, se abrió un nuevo capítulo en la historia de la infiltración policial en España con la revelación de un caso en Madrid que ha dejado a muchos estupefactos. «Marta la de Aranjuez», como se la conocía en diversos colectivos, resultó ser la agente de la Policía Nacional María Ángeles G. A., quien obtuvo su licencia como funcionaria en junio de 1985.
Este descubrimiento, publicado el 2 de septiembre por El Salto en colaboración con el medio catalán La Directa y antiguos militantes del colectivo Distrito 14, marca un hito como la infiltración más prolongada conocida hasta la fecha. María Ángeles G. A. estuvo operando como agente encubierta durante 35 años, desde 1986 hasta 2021. Su participación abarcó distintos espacios políticos y autogestionarios, entre ellos el Centro Social El Laboratorio, colectivos de apoyo a presos y la Coordinadora Antifascista de Madrid. En los últimos años, se infiltró en Madres Contra la Represión, donde fue descubierta tras siete años de actividad.
Estos hechos se suman a una larga cadena de infiltraciones desveladas en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, y ponen en relieve una práctica que, según analistas y afectados, es común desde la Transición española. Las políticas de infiltración policial tienen como objetivo criminalizar y perseguir a militantes y organizaciones sociales, políticas y sindicales que se enfrentan al Estado, sostienen estos críticos. Denuncian que esta estrategia represiva, vigente desde los tiempos del «régimen del 78», trasciende a todo tipo de gobiernos y se perpetúa desde las «cloacas del sistema».
El caso de «Marta la de Aranjuez» resalta lo que muchos consideran una «forma de tortura» moderna. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) han sido señaladas por su verdadera naturaleza al servicio del Poder y el Estado, bajo la dirección del Ministro Marlaska. Los críticos argumentan que este modelo de policía social justifica grandes partidas presupuestarias en un contexto de creciente precariedad y desigualdad social, con inversiones en armamento y dotaciones para los ejércitos del Ministerio del Interior.
Desde la Confederación General del Trabajo (CGT), se ha emitido un comunicado de solidaridad y apoyo a todos los colectivos y militantes afectados por infiltraciones policiales. La CGT reafirma su compromiso de luchar contra la impunidad policial, la Ley Mordaza, la Ley de Extranjería y otras leyes represivas del Estado, promoviendo el apoyo mutuo, la solidaridad y la conciencia de clase.
El Secretariado Permanente de la CGT Confederal concluye su comunicado con un mensaje de unidad: «¡Nos quieren con miedo y divididas, nos tendrán organizadas y unidas!».
Fuente: CGT
