En el aeropuerto de Barajas, Madrid, un grupo de personas saharauis ha decidido resistirse a ser deportadas a Marruecos, país conocido por hostigar al Sáhara Occidental durante décadas y donde no se garantiza el respeto a los derechos fundamentales. Estas personas temen sufrir represalias y daños físicos y psicológicos en caso de ser enviadas de vuelta.
El Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, a través del Ministerio del Interior, sigue incumpliendo acuerdos internacionales respecto a solicitantes de asilo, perpetuando un trato denigrante hacia el pueblo saharaui. España, desde hace décadas, no ha reconocido la autonomía del Sáhara Occidental y ha colaborado con Marruecos en su acoso, demostrando así una falta de compromiso con los derechos humanos y la justicia internacional.
Desde hace varios días, los retenidos en Barajas han iniciado una huelga de hambre en protesta contra su inminente deportación, ignorando las recomendaciones del Defensor del Pueblo que pedía un trato más humanitario. A estas personas, se les impuso traductores marroquíes, lo que añade una capa más a la injusticia de su situación. Entre los retenidos hay personas con graves problemas de salud y menores de edad, agudizando la preocupación por su bienestar si finalmente son deportados.
El colectivo de activistas y diversas organizaciones, como la Confederación General del Trabajo (CGT), han expresado su temor por la seguridad de estas personas, argumentando que el retorno a Marruecos implicaría enfrentar represalias. La CGT mantiene una postura firme en defensa del derecho a la autodeterminación de cualquier pueblo, subrayando que el Sáhara Occidental, excolonia española hasta 1975, ha luchado incansablemente por la vida y la libertad de su gente, mientras Marruecos, con el respaldo de la comunidad internacional, continúa ocupando sus territorios.
El régimen de Mohamed VI ha sido señalado por su brutal represión contra los saharauis, y cualquier colaboración con este régimen por parte del gobierno español es vista como una participación en esta cruel injusticia. Es imperativo que el Estado español, sobre todo un gobierno que se autodenomina «progresista,» reevalúe su política y actúe en consonancia con los principios de respeto a los derechos humanos y a la autodeterminación de los pueblos.
Fuente: CGT
