El Gobierno ha firmado el Protocolo General de Actuación para crear el Centro Nacional de Competencias en Innovación Social (CECIS), una infraestructura estatal que pretende llevar las pruebas piloto en políticas de cuidados al terreno de la norma y el presupuesto. El acto se celebró en la sede del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en Madrid, dentro del encuentro internacional Social Innovation Portfolios in Practice: Building Advocacy for Systemic Change, con representantes de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y de la Comisión Europea.
El CECIS se crea con un objetivo concreto: traducir lo que funciona en proyectos sociales de pequeña escala a leyes, programas y dotaciones. Seguirá el modelo de los centros de competencias que ya operan en otros países europeos, sin convertirse en una agencia más, sino actuando como puente entre administraciones, entidades sociales y el mundo académico.
La firma reúne a cuatro ministerios y tres organismos públicos clave en la política social y de investigación en España:
La presencia simultánea de estos actores busca evitar el problema clásico de los proyectos piloto en España: que demuestran que algo funciona, pero no llegan a integrarse en la normativa estable porque cada departamento mira solo su parte.
El CECIS hereda el trabajo de la Cartera de Innovaciones VIDAS, un conjunto de 19 proyectos piloto financiados con 156 millones de euros. Esa cartera ha probado nuevos modelos de cuidados en el entorno comunitario, en lugar de en grandes residencias o instituciones cerradas.
Los datos que aporta el Ministerio de Derechos Sociales son los siguientes: 1.015 personas han iniciado o completado su transición a una vida en comunidad, se han puesto en marcha 387 viviendas comunitarias y un 25 % de esas viviendas están en zonas rurales. Los perfiles atendidos cubren tres grupos prioritarios: personas mayores que se quedan en su domicilio con apoyo, jóvenes sin hogar que construyen un proyecto de vida autónomo y personas con discapacidad que dejan modelos residenciales tradicionales.
En total, el departamento que dirige Pablo Bustinduy cifra en más de 41.000 los beneficiarios del Plan de Recuperación por esta vía y en 212 millones de euros la inversión acumulada en innovación social en toda España, lo que convierte al ministerio en el mayor financiador público de este tipo de proyectos en el país. El esfuerzo presupuestario se cruza con otras decisiones económicas del Estado como las que reflejan los resultados de la banca española en el primer trimestre de 2026, en un escenario fiscal cada vez más tensionado.
El centro tendrá una función menos visible que un ministerio, pero estratégica. Su tarea será sistematizar la evidencia que producen los pilotos VIDAS y otros proyectos, comparar resultados con experiencias similares en países como Portugal, Finlandia o Países Bajos, y elaborar recomendaciones de política que puedan trasladarse a leyes, decretos o convocatorias del Plan de Recuperación y los próximos fondos europeos.
Esa lógica afecta a Madrid de forma directa: la Comunidad concentra una parte significativa de la red de viviendas comunitarias y servicios de proximidad financiados con cargo al plan. También se entrelaza con otros expedientes administrativos en los que la región ya está trabajando, como las listas extraordinarias de interinos en la enseñanza pública madrileña, otro ámbito en el que los criterios estatales y autonómicos chocan con frecuencia.
El protocolo firmado este 5 de mayo abre el proceso. Los ministerios y organismos firmantes designarán ahora a sus representantes en el órgano de gobierno del CECIS, definirán la sede y aprobarán el primer programa anual de trabajo. La Comisión Europea ha mostrado interés en seguir el caso español como modelo replicable, dado que pocos Estados miembros disponen de una estructura nacional de innovación social con esta arquitectura interministerial.
El Centro Nacional de Competencias en Innovación Social es una estructura interministerial creada en 2026 para convertir proyectos piloto sociales en políticas públicas. Sistematiza evidencia, compara modelos europeos y propone normativa.
La inversión procede del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos europeos NextGenerationEU. La cartera VIDAS, base del centro, ha movilizado 156 millones de euros en 19 proyectos piloto.
Personas mayores que mantienen su vida en el domicilio con apoyos, jóvenes sin hogar en proceso de autonomía y personas con discapacidad que transitan desde modelos residenciales hacia viviendas en comunidad. En total, más de 41.000 beneficiarios.
Madrid acoge la sede del Ministerio de Derechos Sociales y el acto de firma del protocolo. La Comunidad concentra además una parte importante de las 387 viviendas comunitarias puestas en marcha al amparo de la cartera VIDAS.
El protocolo firmado el 5 de mayo de 2026 inicia el proceso de constitución. Los firmantes deben designar representantes, fijar sede y aprobar el primer programa de trabajo. El despliegue completo se prevé a lo largo del segundo semestre de 2026.
Fuente oficial: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
