El contrato tecnológico de Casa 47 ha puesto sobre la mesa una cuestión que va bastante más allá de si su página web parece cara o barata. SEPES adjudicó a EY Transforma Servicios de Consultoría un contrato de 1.184.998 euros sin IVA, 1.433.847,58 euros con impuestos, para desarrollar y mantener durante cuatro años un Sistema Integrado de Gestión (SIG) del parque de alquiler asequible. La cifra es oficial y el contrato incluye mucho más que el portal visible, pero eso no impide preguntarse si proyectos de este tipo podrían ejecutarse por bastante menos con tecnologías, arquitecturas y formas de trabajar habituales en el mercado privado.
Las claves del coste tecnológico de Casa 47 en 30 segundos
El debate resulta más interesante cuando se evita el argumento fácil de que “esa página se hace en un fin de semana con Codex o Claude Code”. Reproducir visualmente el portal probablemente sería sencillo para un desarrollador experimentado. Construir el sistema completo que figura en el contrato es otra cosa.
Pero entre hacer una portada en dos días y gastar 1,43 millones existe un margen enorme. Y es precisamente ahí donde merece la pena analizar cómo compra tecnología la Administración.
El expediente 132019 define el proyecto como los “Servicios de Consultoría de procesos, parametrización, desarrollo y mantenimiento de un Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la gestión del Parque de Alquiler Asequible”.
Por tanto, hay que descartar una comparación simplista con el presupuesto de una página corporativa.
El contrato contempla consultoría, parametrización, desarrollo, implantación, mantenimiento de aplicaciones, soporte al despliegue, mantenimiento evolutivo, CRM y un portal para ciudadanos. Tiene además una duración de cuatro años.
Las cifras son estas:
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Presupuesto máximo sin IVA | 1.880.949,00 € |
| Presupuesto máximo con IVA | 2.275.948,29 € |
| Adjudicación sin IVA | 1.184.998,00 € |
| Adjudicación con IVA | 1.433.847,58 € |
| Duración | 4 años |
| Ofertas recibidas | 8 |
| Coste medio anual con IVA* | 358.461,90 € |
*División aritmética del contrato entre cuatro años; no implica que la facturación se distribuya de esa manera.
Hay además un dato favorable al procedimiento que conviene reconocer: EY ganó con una oferta aproximadamente un 37 % inferior al presupuesto máximo sin IVA.
Eso demuestra que la adjudicación introdujo competencia en precio. Pero también abre otra cuestión: si 1,18 millones fue una oferta competitiva dentro de la licitación, ¿el problema podría encontrarse antes, en la manera en que se definen, dimensionan y contratan determinados proyectos públicos?
Es una pregunta diferente.
Las administraciones tienen requisitos que una empresa privada puede no tener: contratación pública, accesibilidad, protección de datos, seguridad, auditoría, interoperabilidad, trazabilidad, documentación, conservación de expedientes y procedimientos administrativos.
Todo eso cuesta dinero.
Pero tampoco cualquier diferencia entre el coste público y el privado puede justificarse automáticamente pronunciando palabras como seguridad, cumplimiento o integración.
Debe poder medirse.
Aquí resulta imposible dar una cifra rigurosa sin conocer la arquitectura completa, las integraciones, los volúmenes de usuarios y expedientes, los niveles de servicio, las obligaciones de seguridad y, especialmente, el funcionamiento de la parte interna que el ciudadano no puede ver.
Afirmar que el sistema completo podría desarrollarse por 50.000, 100.000 o 300.000 euros sería especular.
Lo que sí puede compararse es cómo abordaría actualmente una empresa privada un problema funcional similar.
No necesariamente desarrollaría desde cero un CRM, un gestor documental, autenticación, notificaciones, analítica, administración de usuarios, buscadores, gestores de contenidos y todas las piezas auxiliares.
Existen soluciones comerciales y de código abierto para buena parte de ellas.
Una arquitectura moderna podría combinar componentes existentes con desarrollos específicos únicamente allí donde los procedimientos de Casa 47 lo necesitasen.
Y en 2026 hay otro elemento difícil de ignorar: la inteligencia artificial aplicada al desarrollo.
Herramientas como Codex o Claude Code pueden ayudar a generar código, interfaces, pruebas, documentación, APIs, migraciones y tareas de mantenimiento. No eliminan arquitectos, desarrolladores, especialistas en seguridad ni responsables funcionales, pero pueden reducir las horas necesarias para producir determinadas partes del software.
Ahí aparece una pregunta incómoda para contratos públicos que duran varios años: si aumenta fuertemente la productividad de los equipos de desarrollo, ¿esa reducción terminará reflejándose en el precio que paga la Administración?
En un mercado competitivo debería ocurrir progresivamente.
Existe además un riesgo conocido en los grandes proyectos tecnológicos: que una parte considerable del presupuesto termine dedicada a gestionar la propia complejidad creada alrededor del proyecto.
Reuniones, análisis, documentación, consultoría, coordinación entre proveedores, procedimientos de aprobación, gestión contractual, informes, certificaciones y capas sucesivas de gestión pueden consumir recursos que no se traducen directamente en funcionalidades para el usuario.
No significa que esas tareas sean innecesarias. Algunas son imprescindibles.
La cuestión es cuántas son realmente necesarias.
Una empresa privada tiene un incentivo económico directo para preguntárselo porque el dinero sale de su cuenta de resultados. Si puede resolver una necesidad con un producto SaaS de 30.000 euros anuales en lugar de encargar un desarrollo de 500.000 euros, probablemente estudiará seriamente la primera alternativa.
La Administración trabaja con otros condicionantes y procedimientos.
Eso puede producir una paradoja: las normas creadas para garantizar competencia, transparencia y buen uso del dinero público pueden aumentar la complejidad y favorecer proyectos que solamente pueden asumir grandes consultoras.
Casa 47 recibió ocho ofertas, por lo que no puede afirmarse que en este expediente no existiese competencia. Dos procedían además de pymes.
Pero el problema general sigue siendo relevante.
Si participar en una licitación exige dedicar grandes recursos a preparar documentación, acreditar equipos, presentar metodologías y cumplir requisitos administrativos, una pequeña compañía tecnológica parte con desventaja frente a una gran consultora aunque técnicamente pudiera construir el producto.
La discusión de fondo probablemente no debería limitarse a Casa 47.
La revolución actual en desarrollo de software puede obligar a revisar cómo se presupuesta la tecnología pública.
Durante décadas resultaba relativamente razonable estimar un proyecto calculando perfiles profesionales, meses de trabajo y tarifas por persona. Si hacían falta diez profesionales durante un año, el coste era relativamente predecible.
La programación asistida por IA empieza a debilitar esa relación.
Un equipo pequeño con buenas herramientas puede producir hoy determinadas funcionalidades mucho más rápidamente. Además, existen plataformas cloud, APIs, frameworks y proyectos de código abierto que evitan desarrollar numerosas piezas desde cero.
La contratación pública podría evolucionar hacia un modelo más centrado en el resultado.
En vez de valorar principalmente cuántos consultores intervienen, podría resultar más útil medir cuánto tarda un ciudadano en completar un trámite, cuántas incidencias aparecen, qué disponibilidad alcanza el servicio, cuánto cuesta cada expediente procesado, cuánto tarda una modificación, qué porcentaje de procesos está automatizado o cuánto cuesta mantener cada usuario y vivienda gestionada.
Esas métricas permitirían responder objetivamente a la pregunta sobre Casa 47.
Porque 1,43 millones podrían resultar excesivos para un sistema sencillo con pocas integraciones y escaso uso. También podrían ser perfectamente razonables para una plataforma que termine administrando decenas de miles de viviendas, millones de documentos y procesos administrativos complejos durante cuatro años.
Sin conocer el sistema interno no puede afirmarse responsablemente ninguna de las dos cosas.
Lo que sí debería poder exigirse es demostrarlo.
El dinero público no debería evaluarse por el número de programadores contratados ni por el prestigio de la consultora adjudicataria. Debería evaluarse comparando el coste total con el servicio obtenido.
Y la llegada de la IA hace todavía más necesario ese ejercicio.
Quizá el mayor cambio que Codex, Claude Code y otras herramientas pueden introducir en la Administración no sea permitir que alguien reproduzca la portada de Casa 47 durante un fin de semana. Puede ser obligar a revisar por qué determinadas aplicaciones cuestan lo que cuestan cuando producir software es cada vez más rápido y existen más componentes reutilizables.
Casa 47 ofrece un buen caso para plantear esa discusión precisamente porque se conocen las cifras.
El contrato cuesta 1.433.847,58 euros durante cuatro años. Incluye bastante más que una página web. Hubo ocho ofertas y la adjudicación quedó sensiblemente por debajo del presupuesto inicial. Todos esos datos juegan en contra de presentar el caso como un simple “portal de 1,4 millones”.
Pero ninguno responde todavía a la pregunta esencial: si una empresa privada necesitase resolver exactamente el mismo problema y asumiese los mismos requisitos de seguridad, disponibilidad y cumplimiento, ¿gastaría también 1,43 millones de euros?
Esa comparación, realizada con el alcance técnico completo y no solamente con una captura de la portada, sería mucho más útil que cualquier polémica en redes sociales.
Con la información pública disponible no puede demostrarse. Para hacerlo habría que conocer el alcance técnico completo y compararlo con ofertas equivalentes del mercado. El importe sí justifica exigir métricas que permitan evaluar el resultado.
Es posible que determinadas partes pudieran construirse por menos utilizando software existente, código abierto, servicios cloud e IA, pero no existe una comparación válida sin reproducir todos los requisitos del contrato.
Porque los 1.433.847,58 euros incluyen durante cuatro años un Sistema Integrado de Gestión, consultoría, desarrollo, implantación, aplicaciones, CRM, soporte, mantenimiento y evolución. El portal ciudadano es solamente una de sus piezas.
La programación asistida por IA puede reducir el tiempo necesario para numerosas tareas de desarrollo. El reto será conseguir que ese aumento de productividad termine reflejándose también en los presupuestos y adjudicaciones públicas.
