Desde febrero de 2023, la Comunidad de Madrid enfrenta una crisis funeraria para su población musulmana debido al cierre del único cementerio que permitía enterramientos conforme al rito islámico en Griñón. Este cierre ha dejado a la comunidad, compuesta por aproximadamente 323,000 personas, sin un lugar apropiado para enterrar a sus fallecidos de acuerdo con sus creencias religiosas, que requieren que el cuerpo sea colocado mirando a La Meca y pegado a la tierra, lo cual contraviene la normativa local que obliga al uso de ataúdes. Como respuesta temporal, muchos deben optar por trasladar los cuerpos a otras comunidades donde estas prácticas son permitidas, o repatriarlos, lo que implica un costo adicional de hasta 3,000 euros.
En un esfuerzo para mitigar esta situación, Javier Ruiz Santiago, gerente de la empresa municipal de servicios funerarios, ha anunciado el acondicionamiento de una parcela de 15,000 metros cuadrados en el Cementerio Sur-Carabanchel para cumplir con los requisitos islámicos. Este proyecto, previsto en dos fases, podría llegar a ofrecer hasta 2,350 tumbas. Sin embargo, todavía se requiere avanzar en el anteproyecto y el desarrollo, sin plazos concretos ni presupuesto definidos, lo que ha generado críticas de concejales locales que exigen más avances y compromisos claros. En paralelo, la normativa regional se encuentra bajo revisión para facilitar la inhumación sin ataúd y se ha solicitado la intervención del Defensor del Pueblo para garantizar la libertad religiosa y el derecho a un entierro digno.
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