En un edificio abandonado desde hace más de dos años y medio, cerca de treinta personas han tomado el inmueble, incluyendo aproximadamente 10 niños. Estos ocupantes, sin un lugar mejor al que recurrir, han expresado su deseo de vivir tranquilamente en el espacio, argumentando la falta de alternativas habitacionales asequibles. La situación ha generado preocupación en la comunidad local, que se enfrenta a un dilema entre la necesidad de vivienda de estas personas y el cumplimiento de la ley.
Mientras tanto, las autoridades se encuentran en un cruce de caminos respecto a las medidas a tomar. La ocupación ha reavivado el debate sobre la escasez de viviendas accesibles, y las políticas necesarias para atender a las poblaciones más vulnerables. La entrada no autorizada al inmueble también pone sobre la mesa los desafíos legales y sociales que enfrenta la ciudad, en un contexto donde los derechos de propiedad chocan con las necesidades humanas básicas.
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