El Gobierno de Cantabria, liderado por el PP, ha iniciado un proceso para repatriar a 18 de los 26 menores extranjeros no acompañados bajo su tutela. Esta medida surge tras un acuerdo alcanzado con Vox, pero ha generado controversia debido a que el Ejecutivo cántabro no posee competencias para ejecutar estas repatriaciones, solicitando así la intervención de la Delegación del Gobierno. Aunque se argumenta que el interés superior del menor se satisface con la reunificación familiar en sus países de origen, los documentos que respaldan esta acción no ofrecen detalles sobre las circunstancias familiares de los menores ni explican por qué estos 18 han sido seleccionados sobre otros.
La iniciativa ha recibido críticas, con la Delegación del Gobierno calificando el procedimiento como contrario a la legislación española e internacional en protección infantil. La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, ha defendido la intención como protectora, alegando que se busca el interés superior del menor. No obstante, partidos de la oposición, como el PSOE, han urgido al Gobierno a detener el proceso, al tiempo que otras autonomías, como Canarias, han señalado que algunas comunidades están utilizando «triquiñuelas» para no cumplir con el reparto justo de estos menores.
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