El proceso de traslado de menores solicitantes de asilo desde Canarias a la Península enfrenta tensiones entre el Gobierno central y el canario. En una reciente reunión, el gobierno de las islas exigió una respuesta más clara y un compromiso firme ante la situación de más de 1,000 menores que deben ser reubicados según la orden del Tribunal Supremo. Pese a que el lunes se logró trasladar a diez menores a Asturias, el siguiente grupo de quince menores previsto para esta semana quedó suspendido. Sandra Rodríguez, directora general de Protección a la Infancia y las Familias en Canarias, criticó la falta de un protocolo claro y calendario para las derivaciones.
El Gobierno canario destaca que carece de información precisa sobre las nuevas 1,200 plazas de acogida y acusa al central de improvisar y no comunicar adecuadamente. A pesar de las críticas, el Ministerio de Migraciones defiende la eficacia del inicio del traslado, proponiendo reuniones técnicas continuas para mejorar el proceso. En tanto, la ministra de Migraciones, Elma Saiz, calificó de “desleal” al presidente canario por acusar de improvisación y resaltó que el Gobierno trabaja para cumplir con la orden judicial, enfrentando desafíos logísticos. Además, el creciente malestar social quedó reflejado cuando el centro que recibió a los menores fue vandalizado con simbología nazi, lo que llevó a un llamado a la colaboración social para garantizar la seguridad de estos niños vulnerables.
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