El gobierno canadiense está en el proceso de avanzar con la aprobación del Proyecto de Ley C-2, conocido como el Acta de Fronteras Fuertes, el cual ha generado una polémica significativa debido a sus implicaciones para la privacidad digital. Esta legislación permitiría a las fuerzas policiales de Estados Unidos, y posiblemente de otros países, acceder a los datos de los ciudadanos canadienses, lo que ha suscitado preocupaciones sobre los derechos constitucionales en Canadá.
El proyecto busca armonizar las políticas de vigilancia de Canadá con las de Estados Unidos, amenazando con erosionar décadas de protecciones de privacidad digital. La legislación afectaría a todos los usuarios de Internet en Canadá, abarcando correos electrónicos, almacenamiento en la nube y servicios de mensajería.
Más de cien expertos legales y académicos, agrupados en una organización de defensa de las libertades civiles, han manifestado su oposición, describiendo el proyecto como un «ataque a los derechos humanos y libertades» fundamentales en el país. El Proyecto de Ley C-2 permitiría a la policía y al Servicio Canadiense de Inteligencia de Seguridad (CSIS) acceder a información sobre las actividades en línea de los ciudadanos bajo un umbral de «sospecha razonable», sin la necesidad de una orden judicial.
Las empresas que poseen los datos tendrían solo cinco días para oponerse a una orden de divulgación y recibirían inmunidad legal al proporcionar la información. Esto permitiría a las fuerzas del orden rastrear actividades en línea sin supervisión judicial adecuada, levantando serias preocupaciones sobre el derecho a la privacidad.
Además, el proyecto contempla la introducción de «puertas traseras» en los sistemas de cifrado, obligando a las empresas a monitorear a sus usuarios. También prevé la creación de herramientas de vigilancia que las compañías canadienses tendrían que implementar, sin importar su ubicación global.
La mayor preocupación radica en que, de aprobarse, el Proyecto de Ley C-2 permitiría a las autoridades estadounidenses solicitar datos a empresas tecnológicas canadienses en secreto, sin notificar a los usuarios afectados y bajo órdenes de silencio. Esto podría abrir la puerta para que otros gobiernos, incluidos regímenes autoritarios, accedan a esta información sin restricciones.
Un funcionario canadiense confirmó recientemente que esta ley equipararía a las autoridades policiales de Canadá con sus contrapartes estadounidenses bajo la Ley PATRIOTA. Ante esto, activistas y organizaciones de derechos civiles están intensificando sus llamados para que el gobierno canadiense retire esta propuesta, argumentando que la privacidad debe prevalecer sobre las preocupaciones por la seguridad.
