La creciente preocupación por el uso indebido del retrete como cubo de basura ha llevado a las autoridades y a las empresas gestoras del agua a intensificar sus alertas sobre las graves consecuencias que esta práctica conlleva. Los daños no solo afectan a las instalaciones internas de las viviendas, sino que también ponen en peligro la red de alcantarillado y las depuradoras, componentes esenciales para proteger los ecosistemas acuáticos.
Este año, más de 1.500 toneladas de residuos han sido retiradas de la red de saneamiento. Estos desechos han sido capturados en aproximadamente 300 aliviaderos equipados con dispositivos de contención, como mallas y rejas, que evitan que los residuos contaminen los ríos tras episodios de intensa lluvia. Sin embargo, la región cuenta con cerca de 1.200 de estos vertederos de aguas sobrantes, evidenciando la magnitud del problema.
Mariano González, consejero delegado de Canal de Isabel II, visitó uno de los dispositivos en Rivas Vaciamadrid para supervisar su funcionamiento. Durante la visita, pudo constatar la acumulación de elementos de higiene personal y otros residuos sólidos no biodegradables en cestas de nailon. Esta situación subraya la importancia de la concienciación ciudadana en la separación de desechos.
La empresa pública insiste en que, a pesar de la efectividad de las técnicas de contención, estas son soluciones paliativas. La verdadera solución radica en cambiar los hábitos: tanto las toallitas húmedas como otros residuos sólidos urbanos deben desecharse en la papelera o en el cubo de basura, y no en el inodoro, donde solo el papel higiénico debería ser desechado.
Anualmente, las estaciones de depuración de la región reciben más de 30.000 toneladas de residuos sólidos desechados incorrectamente. Estos restos, a diferencia del papel higiénico, no se disuelven fácilmente y llegan intactos a las plantas de depuración. Allí, pueden enredarse en rejas y bombas, poniendo en riesgo su funcionamiento y la integridad del sistema.
El impacto económico de estos residuos es significativo. Canal de Isabel II ha cuantificado en 3,5 millones de euros el sobrecoste anual asociado a estos vertidos, incluyendo los gastos de retirada, el incremento de la mano de obra para la limpieza y la reposición de equipos, además de un aumento en la factura energética. Este gasto adicional se suma a las inversiones en equipamiento específico para controlar los residuos, que solo en 2023 ascendieron a más de 5 millones de euros.
Es fundamental actuar desde el origen del problema para preservar la salud pública y la calidad ambiental de los ríos. La colaboración ciudadana, sumada a las inversiones y esfuerzos de las autoridades, es clave para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de aguas y la protección del medio ambiente.
