En un importante avance para la protección de la privacidad de los consumidores, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en Estados Unidos ha establecido un precedente crucial en el caso Briskin v. Shopify. Esta decisión permite a los consumidores demandar a empresas, tanto nacionales como multinacionales, en sus tribunales locales cuando estas violan leyes de privacidad de datos estatales.
El caso surgió a raíz de las acusaciones hechas por un residente de California contra Shopify, que provee soporte a empresas de comercio electrónico. Se alegó que Shopify había instalado software de seguimiento en dispositivos sin el consentimiento del usuario, recopilando datos personales y monitoreando actividades de navegación. Estos datos se utilizaban luego para crear perfiles de usuario detallados, supuestamente empleados por las empresas para bloquear compras futuras.
Inicialmente, el tribunal había desestimado la demanda al considerar que Shopify no tenía lazos suficientemente fuertes con California. Sin embargo, tras una solicitud de revisión respaldada por el grupo Public Citizen, el tribunal reevaluó su decisión. Argumentaron que la recopilación de datos de usuarios de otros estados no debería impedir que los californianos presenten su caso localmente.
El tribunal destacó que las acciones de Shopify estaban específicamente dirigidas a consumidores en California, rechazando la noción de que el impacto sobre estos consumidores era casual. Se concluyó que la recolección y el uso clandestino de información personal constituía una conexión sustancial con el estado.
Además, el tribunal desestimó la idea de que los demandantes debían demostrar que una empresa tenía la intención específica de dirigirse a California. Argumentaron que esto podría permitir que las corporaciones evadieran la jurisdicción en cada estado. La conducta de Shopify, en sí misma, estableció una conexión significativa con California.
Esta decisión marca un hito en un momento en que los estados están tratando de abordar las lagunas dejadas por la falta de una legislación federal sobre la privacidad de los datos. La resolución afirma que las leyes estatales tienen un impacto tangible en la protección de los consumidores contra la creciente vigilancia corporativa, constituyendo una victoria significativa para la privacidad.
