California se prepara para las posibles restricciones en el acceso a los medicamentos abortivos bajo la inminente administración de Donald Trump, impulsando una propuesta legislativa para incluir en la Constitución estatal el acceso garantizado a la mifepristona y el misoprostol. Estos medicamentos son utilizados en el 60% de los abortos en el país y han sido objeto de discusiones durante la campaña de Trump, quien no descartó implementar medidas restrictivas. La nueva Ley de Aborto Seguro, presentada por un grupo de asambleístas demócratas y liderada por Maggy Krell, busca proteger a productores, distribuidores, médicos y pacientes del impacto legal de cualquier futura prohibición federal. El gobernador Gavin Newsom ya ha iniciado el almacenamiento de estos fármacos, asegurando que el estado está preparado para responder a cualquier demanda creciente si se aprueban nuevas restricciones.
Este esfuerzo legislativo se enmarca en una creciente preocupación entre los defensores de los derechos reproductivos por los posibles cambios legales tras la llegada de Trump a la Casa Blanca. La decisión de comprar y distribuir dosis de mifepristona surge tras un fallo judicial en Texas que paralizó temporalmente su administración. A esto se suma la continuidad del acceso a esta píldora respaldada unánimemente por el Tribunal Supremo en una reciente sentencia, aunque la incertidumbre persiste con el inminente cambio de administración federal. Líderes como Rob Bonta, fiscal general de California, han enfatizado la importancia de proteger la autonomía reproductiva ante las amenazas de grupos provida que ven la asunción de Trump como una oportunidad para desmantelar las políticas actuales. Con la fecha del 20 de enero acercándose, cuando Trump asumirá el poder, hay un renovado sentido de urgencia para establecer salvaguardas legales a nivel estatal.
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