En California, más de 900 presos están colaborando en la lucha contra los incendios forestales desde el 7 de enero, una medida del «programa de reinserción» que ha avivado un intenso debate. Mientras el estado enfrenta la devastación con 24 muertes y 16,000 hectáreas arrasadas en Los Ángeles, las críticas se centran en la baja remuneración de los reclusos, quienes reciben diez dólares al día, por debajo del salario mínimo estatal de 16.5 dólares por hora. Además, se destaca la preocupante cifra de muertes y lesiones en tareas previas de extinción, planteando cuestiones sobre los estándares de seguridad y ética laboral al suplir empleo público con voluntarios penitenciarios. Esta polémica surge en un contexto de rechazo electoral a prohibir la mano de obra penal involuntaria, con críticos comparando esta práctica con una forma moderna de esclavitud, algo ya abolido en estados como Colorado y Nevada.
El programa, vigente desde 1915, permite a los presos reducir sus penas en dos días por cada jornada de trabajo, aunque se les niega la posibilidad de ejercer como bomberos profesionales tras su liberación debido a sus antecedentes penales. A pesar de ser defensores de su participación, las autoridades insisten en que los reclusos aportan en funciones de apoyo, sin usar mangueras o agua directamente. Sin embargo, diversas voces, como la de la activista Kim Kardashian, exigen salarios más justos y critican una compensación que no ha aumentado desde 1984, a pesar del creciente riesgo y letalidad de los incendios. La reciente negativa en las urnas a erradicar el trabajo forzado, a pesar de ser común en otros estados progresistas, ha añadido una capa de controversia, sugiriendo un cambio en el panorama político-social de California que aún requiere un análisis más profundo.
Leer noticia completa de Internacional en El Independiente.
