En un esfuerzo por combatir la proliferación de pisos turísticos ilegales en Madrid, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha intensificado las gestiones con entidades vecinales y exhortado al Ayuntamiento a tomar medidas inmediatas. Tras identificar más de 15.200 viviendas turísticas que incumplen las normativas, los datos fueron entregados al consistorio con la esperanza de que se actúe con contundencia para detener la actividad ilícita y proceder con sanciones correspondientes.
La reunión con representantes de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) subrayó la urgencia de abordar este creciente problema. Bustinduy expresó su desaprobación por la «inacción» del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, destacando que los residentes son los más afectados por esta situación descontrolada. El ministro insistió en que todas las administraciones deben asumir esta cuestión como prioritaria y trabajar conjuntamente para encontrar soluciones efectivas.
Criticando la falta de medidas por parte del Ayuntamiento, Bustinduy argumentó que «la tolerancia cero con los pisos turísticos ilegales» es esencial. La creciente inflación en los precios de la vivienda, tanto en compra como en alquiler, agrava la situación, y el ministro señaló que ignorar esta realidad favorece desproporcionadamente a los grupos más poderosos, en detrimento de los ciudadanos comunes.
Bustinduy también compartió experiencias de otros municipios, como Barcelona e Ibiza, ilustrando que con voluntad política es posible implementar políticas efectivas contra los alojamientos ilegales. Asimismo, reconoció el papel crucial de las asociaciones vecinales, especialmente la FRAVM y la CEAV, así como el esfuerzo de los ciudadanos comprometidos que denuncian y se organizan para defender su derecho a la vivienda digna.
Otro punto discutido fue la reciente modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, que da a las comunidades de vecinos el poder de decidir sobre la aceptación de viviendas turísticas. Esta medida, impulsada originalmente por la FRAVM, fue aprobada por el gobierno y considerada por el ministro como un paso significativo contra la especulación inmobiliaria. A pesar de este avance, Bustinduy insistió en la necesidad de llevar a cabo más reformas estructurales para asegurar una resolución inclusiva y efectiva a la crisis de vivienda en España.
El llamado a la acción del ministro Bustinduy no solo busca frenar la actividad ilegal, sino también fortalecer el tejido comunitario al empoderar a los residentes en la defensa de su entorno y calidad de vida.
Fuente: Ministerio de Consumo
