El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha sido el escenario donde el ministro Pablo Bustinduy, en presencia de consejeros de diversas Comunidades Autónomas, ha lanzado un contundente llamado a la acción contra las empresas que gestionan viviendas turísticas ilegales. En la 32ª Conferencia Sectorial de Consumo, el acceso a la vivienda ha sido señalado como la principal preocupación ciudadana, y Bustinduy ha enfatizado que las competencias de Consumo pueden ser clave para proteger este derecho.
El ministro ha puesto en valor las recientes acciones del Ministerio, destacando la colaboración con la plataforma Airbnb, a la que instaron a bloquear más de 65,000 anuncios ilegales. También recordó la apertura de un expediente sancionador a una compañía por mantener publicidad ilícita.
En esta línea, Bustinduy ha compartido que la Unidad de Análisis de Consumo ha provisto a los gobiernos autonómicos de datos detallados sobre anuncios ilegales, facilitando la inspección y posibles sanciones. Como ejemplo, detalló la entrega de información a la Xunta de Galicia y al Govern de Islas Baleares, permitiéndoles actuar sobre miles de anuncios en sus territorios.
El énfasis no solo se puso en la retirada de anuncios, sino también en la posibilidad de detener la actividad de estas viviendas ilegales. Se instó a los gobiernos regionales a hacer uso de sus facultades para actuar contra prácticas abusivas en el mercado de alquiler, señalando investigaciones en curso contra grandes inmobiliarias por comportamientos ilícitos como la imposición de comisiones indebidas.
A pesar de la relevancia del encuentro, algunas regiones como Galicia, Navarra, Castilla-La Mancha, Extremadura, Región de Murcia y Castilla y León no enviaron representantes. Sin embargo, la reunión contó con la presencia de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, reflejando un compromiso de amplio alcance en la lucha por garantizar el acceso justo a la vivienda.
Fuente: Ministerio de Consumo
