Bustinduy Proclama Reforma para Bloquear Llamadas Spam: Operadoras Telefónicas Obligadas a Restringir Llamadas Comerciales No Consentidas

Madrid, 13 de mayo de 2025.- El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha implementado una nueva serie de medidas en el marco de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (Ley SAC) con el objetivo de frenar las llamadas comerciales no consentidas, comúnmente conocidas como «llamadas spam». Estas enmiendas han sido presentadas por el ministro Pablo Bustinduy y se han registrado en el Congreso de los Diputados tras un acuerdo con los grupos parlamentarios de Sumar y PSOE.

Entre las medidas más destacadas, las empresas estarán obligadas a identificar sus llamadas comerciales con un código numérico específico. Además, operadores de telecomunicaciones deberán bloquear las llamadas de empresas que no utilicen este sistema de códigos. Esta disposición permitirá al Gobierno adaptar el Plan Nacional de Numeración para facilitar su operación.

Otra enmienda significativa declara nulos los contratos obtenidos a través de llamadas no consentidas. Esta acción busca reducir la presión y confusión entre los consumidores, garantizando que los contratos solo se formalicen de manera transparente y voluntaria. Además, se estipula la renovación bianual del consentimiento del usuario para recibir llamadas comerciales, asegurando que las empresas no puedan prolongar indefinidamente las autorizaciones de los consumidores.

Otras medidas adicionales incluyen la regulación de renovaciones automáticas de contratos, que requerirán una notificación previa de 15 días. También se implementará un control más estricto sobre las reseñas en línea, permitiendo su publicación solo 30 días después de la compra para asegurar su autenticidad, y se obligará a las empresas a incluir todos los gastos de gestión desde el inicio del proceso de compra.

El ministro Bustinduy destacó que estas enmiendas buscan reforzar la protección del consumidor en un entorno económico y digital complejo, promoviendo una regulación que garantice claridad, equidad y respeto por los derechos de los consumidores.

Fuente: Ministerio de Consumo

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