En una medida que ha sacudido la industria aérea, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha impuesto severas sanciones económicas a cinco aerolíneas de bajo coste por incurrir en prácticas abusivas que afectan a los consumidores. Las sanciones, que ascienden a casi 179 millones de euros, marcan un hito en la regulación del sector, estableciendo precedentes en la defensa de los derechos del consumidor en España.
Las aerolíneas multadas son Ryanair, que enfrenta una sanción de 107.775.777 euros, Vueling con 39.264.412 euros, Easyjet con 29.094.441 euros, Norwegian con 1.610.001 euros, y Volotea con una pena de 1.189.000,99 euros. Estas sanciones, las más severas impuestas hasta la fecha en el ámbito de consumo por la Administración General del Estado, responden a prácticas consideradas como «muy graves». Entre ellas, destacan el cobro de suplementos por el equipaje de mano y la reserva de asientos contiguos para acompañar a personas dependientes.
El origen de estas sanciones se remonta a una investigación exhaustiva iniciada por la Dirección General de Consumo en 2023. Dicha investigación concluyó que estas prácticas vulneraban los derechos de los consumidores según el artículo 47 del texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Con la firma de esta orden, Bustinduy ha desestimado los recursos interpuestos por las aerolíneas, dando firmeza a las sanciones y prohibiendo la continuación de estas prácticas.
Los casos específicos de abusos documentados incluyen la imposición de tasas exorbitantes por la impresión de la tarjeta de embarque y prácticas engañosas relacionadas con la claridad de los precios en las plataformas de las aerolíneas. Ryanair, particularmente, ha sido destacada por una práctica adicional que involucra un exceso de cobro a los pasajeros por la impresión del billete en la terminal.
El cálculo de las multas se basó en el criterio del beneficio ilícito obtenido por las aerolíneas a través de estas prácticas, permitiendo que las sanciones alcancen hasta seis u ocho veces el beneficio ilegal. Este enfoque ha sido diseñado para asegurar no solo la proporcionalidad de las sanciones, sino también su eficacia y sus efectos disuasorios en el sector.
Con estas medidas, se cierra la vía administrativa, otorgándose a las aerolíneas un plazo de dos meses para presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional si desean impugnar las sanciones. De lo contrario, las multas se harán efectivas, estableciendo un nuevo estándar en la protección de los derechos de los pasajeros y en las políticas de consumo en España. La decisión de Bustinduy representa una declaración firme en el compromiso del gobierno de salvaguardar los derechos de los consumidores frente a prácticas comerciales injustas.
Fuente: Ministerio de Consumo
