En Madrid, el desafío de los pisos turísticos ilegales ha cobrado un nuevo impulso con la reciente intervención del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. Este jueves, Bustinduy se reunió con representantes de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) para examinar la situación después de que el ministerio detectara más de 15.200 apartamentos turísticos que estarían operando al margen de la ley en la capital española.
La Unidad de Análisis de Consumo recopiló estos datos y los envió al Ayuntamiento de Madrid en un intento por activar medidas correctivas contra estas propiedades. A pesar de esto, el ministro ha expresado su frustración ante la falta de acciones concretas por parte del alcalde José Luis Martínez-Almeida. Bustinduy ha instado a las autoridades locales a no demorar más y actuar con firmeza contra estos alojamientos ilícitos que, según él, dañan el tejido social de los madrileños.
En términos claros, el ministro ha enfatizado que el incremento desenfrenado de los pisos turísticos ilegales agrava el problema de acceso a la vivienda en una ciudad donde los precios no han dejado de crecer. Hizo un llamado a todas las administraciones para que, dentro de sus competencias, asuman esta cuestión como prioritaria y encuentren soluciones viables que beneficien a la ciudadanía en general.
Bustinduy también ha hecho hincapié en las experiencias exitosas de otras ciudades y regiones, como Barcelona e Ibiza, sugiriendo que con voluntad política, es posible implementar políticas efectivas para frenar la expansión de los alojamientos irregulares. Además, ha señalado la importancia de mantener una política de «tolerancia cero» hacia este tipo de actividades, defendiendo la vivienda como un derecho fundamental.
Durante este encuentro, el ministro ha reconocido y agradecido la labor de organizaciones como la CEAV y la FRAVM, destacando su papel crucial al dar la voz de alarma sobre este problema. Afirmó que el compromiso de estos colectivos, así como el de los madrileños que defienden sus derechos, es esencial para lograr los cambios legales necesarios para poner fin a la crisis de vivienda.
Además, durante la reunión se discutió la reciente modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, que ahora permite a las comunidades de vecinos decidir sobre la admisión de pisos turísticos en sus edificios. Esta normativa, propuesta originalmente por la FRAVM y llevada a cabo por la CEAV, representa un avance significativo para empoderar a los residentes en su lucha contra la especulación inmobiliaria.
Bustinduy celebró este cambio, subrayando que es un paso esencial en la dirección correcta, aunque insistió en que se requieren más transformaciones profundas para asegurar que el poder en el ámbito de la vivienda esté realmente en manos de quienes lo habitan. Con estas medidas, el gobierno busca no solo abordar los síntomas, sino también las causas estructurales detrás de la proliferación de alojamientos ilegales en Madrid.
Fuente: Ministerio de Consumo
