En un esfuerzo conjunto para abordar la creciente problemática del acceso a la vivienda y el impacto del turismo, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se reunió este viernes con el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Jose Manuel Bermúdez. La reunión se centró en la reciente iniciativa del Ministerio de Consumo para controlar los anuncios de alojamientos turísticos que operan sin licencia, una situación que está afectando gravemente la disponibilidad de viviendas asequibles en la capital tinerfeña.
Bermúdez expresó su apoyo a esta medida, enfatizando la urgencia de regular las plataformas de alquiler vacacional para asegurar que solo se publiciten alojamientos legales. «La proliferación de alojamientos turísticos sin licencia», indicó Bustinduy, «está expulsando a los residentes de los centros urbanos y complicando el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes».
La preocupación no es infundada; Tenerife lidera el archipiélago en cuanto a plazas de alojamientos vacacionales, con más de 80.000 operativos, según el Gobierno de Canarias. En Santa Cruz, casi un 80% de las plazas vacacionales corresponden a alojamientos turísticos, exacerbando considerablemente los precios del alquiler residencial. Esto sitúa a Canarias entre las comunidades con mayores dificultades para acceder a viviendas asequibles.
El ministro Bustinduy hizo un llamado a las comunidades autónomas para que implementen la Ley de Vivienda, que permite declarar zonas tensionadas y limitar así los precios de alquiler. Cataluña, hasta ahora el único territorio que ha adoptado esta medida, ha registrado una caída de entre el 3% y 5% en los precios del alquiler. «Es un camino que debemos seguir», afirmó Bustinduy, «para frenar la especulación y garantizar el derecho a una vivienda digna».
La conversación entre Bustinduy y Bermúdez marca un importante paso hacia la regulación del mercado de alojamientos turísticos en Santa Cruz de Tenerife. Ambas autoridades coincidieron en la necesidad urgente de intervenir para proteger a los vecinos y restablecer el orden en el ámbito inmobiliario, en respuesta a una problemática que amenaza con alterar de manera irreparable el tejido social de la ciudad canaria.
Fuente: Ministerio de Consumo
