En una intervención destacada en París, Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España, ha puesto sobre la mesa la urgente necesidad de proteger los derechos de los consumidores frente a las prácticas de grandes empresas multinacionales. En el marco del plenario del Comité de Política del Consumidor (CCP) de la OCDE, Bustinduy ha centrado su discurso en la implementación de medidas que permitan a estas corporaciones cumplir con un mínimo de tributación global en el impuesto de sociedades.
El ministro ha subrayado la importancia de compartir la «experiencia pionera» que España está llevando adelante en la regulación y prevención de fraudes en sectores críticos como el transporte aéreo, el comercio electrónico, la publicidad encubierta en medios digitales y las plataformas de alquiler de viviendas vacacionales. “Es fundamental que estas empresas no se escuden tras su poder económico para violar los derechos de los consumidores”, remarcó Bustinduy.
El ámbito del consumo afronta dos grandes retos según el ministro: efectuar una transición climática y digital que sea justa y democráticamente equitativa y reducir las desigualdades inherentes en las relaciones de consumo. Estas preocupaciones se reflejan en la agenda política impulsada por el gobierno español, que busca sumar esfuerzos de otros miembros de la OCDE para establecer regulaciones a nivel internacional.
En el ámbito ambiental, Bustinduy anunció la futura Ley de Consumo Sostenible en España, que regulará el papel de las empresas en la transición ecológica y combatirá prácticas como el greenwashing. Esta ley también persigue proporcionar a los consumidores información veraz para toma decisiones informadas y garantizar que la responsabilidad de la transición no recaiga únicamente sobre ellos, sino que se fomente una reorientación del sistema productivo hacia una economía más sustentable y justa para la sociedad.
El ministro también hizo un llamado a regular prácticas como la obsolescencia programada, asegurando que «toda persona consumidora debe tener el derecho de reparar los productos que compra». En relación a la economía digital, Bustinduy abogó por la creación de entornos seguros y señaló la vulnerabilidad a la que se enfrentan los consumidores ante el poder concentrado de las multinacionales tecnológicas.
Para hacer frente a estos desafíos, insistió en la necesidad de una normativa internacional que permita una cooperación efectiva entre los países de la OCDE. «Las normativas nacionales son importantes, pero no suficientes. Necesitamos cooperación y acción conjunta a nivel internacional», concluyó Bustinduy, dejando claro que la protección al consumidor debe ser una prioridad global en un mundo cada vez más interconectado y digitalizado.
Fuente: Ministerio de Consumo
