La Dirección General de Consumo ha lanzado una nueva iniciativa para enfrentar la proliferación de anuncios de pisos turísticos que operan sin licencia en la Comunidad Valenciana. Esta medida se centra en la eliminación de prácticas comerciales desleales que afectan negativamente a los consumidores y usuarios. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se ha desplazado este jueves a la provincia de Alicante para reunirse con los alcaldes de Dénia y Altea, dos localidades que han visto un aumento considerable en estos tipos de viviendas.
Durante el encuentro, Bustinduy destacó la urgencia de abordar este fenómeno, especialmente en una región donde los pisos turísticos representan un 24% del alquiler de vivienda habitual. «En la Comunidad Valenciana, los pisos turísticos representan un 24% del alquiler de vivienda habitual. Esta dinámica fomenta un modelo de especulación y pelotazos inmobiliarios que amenaza con descontrolarse», advirtió el ministro. También subrayó la necesidad de que todas las administraciones públicas intervengan para evitar que el problema se agrave durante los meses de verano, cuando la afluencia turística se dispara.
El ministro reconoció el esfuerzo de Dénia y Altea por combatir esta problemática. «Estamos buscando vías de cooperación en base a nuestras competencias, cada actor debe hacer lo que esté su mano», afirmó Bustinduy, sugiriendo otras medidas como la adopción de tasas turísticas, la movilización de viviendas vacías y la ampliación del parque de vivienda pública en alquiler social. Además, criticó al gobierno autonómico valenciano por no tomar medidas más contundentes, como el control de precios de alquiler y la implementación de la Ley de Vivienda.
En cuanto a los esfuerzos locales, el alcalde de Altea, Diego Zaragozí, informó que un 9,2% de las viviendas ofertadas como alojamientos turísticos en su ciudad no poseen licencia. Esto ha llevado al consistorio alteano a diagnosticar el problema con la participación ciudadana y elaborar medidas para regularizar la situación. «Hemos detectado que un 9,2% de las viviendas que se ofertan como alojamientos turísticos en Altea no tienen licencia», destacó Zaragozí.
Por su parte, Vicent Grimalt, alcalde de Dénia, explicó que su administración está trabajando en un estudio detallado del mercado de la vivienda turística ilegal para diseñar propuestas de actuación. «Está claro que hay vivienda turística ilegal y desde Dénia queremos sumarnos a este esfuerzo de la Dirección General de Consumo para detectarla y luchar contra este mercado negro que tensiona la situación del acceso a la vivienda en general», afirmó Grimalt.
Ambos alcaldes agradecieron la visita del ministro y manifestaron su apoyo a la nueva iniciativa. La colaboración entre distintas administraciones promete ser un paso esencial para enfrentar un problema que, según Bustinduy, es «una situación de emergencia». La Dirección General de Consumo continuará monitorizando y persiguiendo los anuncios de viviendas turísticas sin licencia, buscando asegurar un mercado justo y accesible para todos.
Fuente: Ministerio de Consumo
