Madrid, 06 de noviembre de 2024.- En un esfuerzo por mitigar el impacto de la reciente DANA sobre los consumidores, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha mantenido una reunión clave con los líderes de FACUA, Olga Ruiz y Rubén Sánchez. La cita tuvo lugar en la sede ministerial y se centró en la implementación de medidas de protección para las víctimas de las catastróficas inundaciones que afectaron a varias regiones de España el pasado 29 de octubre.
Entre las medidas destacadas que se han aprobado a través de un Real Decreto Ley está la ampliación del período durante el cual las personas afectadas pueden cancelar contratos de bienes o servicios sin penalización, extendiendo este derecho hasta el 31 de enero de 2025. Esta decisión es especialmente relevante para aquellos ciudadanos cuyas vidas han sido trastocadas por la DANA, permitiéndoles ejercer su derecho de desistimiento sin ningún requisito de documentación adicional.
Bustinduy ha enfatizado que el decreto no solo facilita la cancelación de contratos, sino que también exime a los afectados de obligaciones contractuales que resulten imposibles de cumplir debido a la catástrofe, como es el caso de los contratos de transporte. «Un desastre natural como este no puede ser, en ningún caso, una excusa para conseguir un beneficio económico», declaró Bustinduy, subrayando el compromiso del gobierno para evitar abusos de precios u otras prácticas injustas en momentos de crisis.
En líneas de acción futuras, el ministro expresó la intención de explorar junto con FACUA medidas adicionales para reforzar la protección de los consumidores en situaciones de emergencia. Subrayó la importancia de colaborar con organizaciones como FACUA, a las que considera esenciales para garantizar un control democrático en el ámbito del consumo.
Por su parte, FACUA ha instado al gobierno a incluir más medidas y a expandir la cobertura del Real Decreto Ley a otras áreas igualmente afectadas por las riadas. Además, Olga Ruiz ofreció al ministro el apoyo de la organización para fomentar la difusión de estos derechos, con el objetivo de garantizar que todas las víctimas estén informadas y puedan aplicar las medidas a su disposición.
Este encuentro subraya la voluntad conjunta de las instituciones y la sociedad civil para trabajar de forma coordinada y enfrentar las desigualdades presentes en las relaciones de consumo, particularmente relevantes en momentos de desastres naturales de esta magnitud. Como señaló el ministro, la respuesta colectiva y solidaria es la base sobre la cual se puede construir un estado del bienestar robusto y equitativo para afrontar los retos del siglo XXI.
Fuente: Ministerio de Consumo
