En una reunión celebrada en Madrid el 6 de noviembre de 2024, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha comprometido a impulsar una nueva red de protección social destinada a paliar los efectos de la devastadora DANA en la provincia de Valencia. El encuentro, que tuvo lugar en la sede del ministerio, contó con la presencia de la Plataforma del Tercer Sector (PTS) y diversas organizaciones de acción social.
La PTS, que agrupa a más de 28.000 entidades de todo el país, estuvo representada por su presidente, Luciano Poyato, y su homólogo en Valencia. Al evento también asistieron representantes de importantes organizaciones, entre ellas Cruz Roja Española, Cáritas, ONCE, CERMI, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. También estuvieron presentes plataformas como la del Voluntariado España y de Organizaciones de Infancia.
Bustinduy enfatizó la necesidad urgente de atender a las personas afectadas con una respuesta que sea «social, flexible, ágil y universal». Durante su intervención, reafirmó el compromiso del ministerio con las labores en marcha desde el inicio de la crisis y subrayó la importancia de contar con un tejido asociativo fuerte y organizado en España. «La labor de la sociedad civil ante la catástrofe ha sido encomiable», declaró.
Uno de los temas centrales de la reunión fue la simplificación de los procesos burocráticos para que las víctimas puedan acceder a ayudas de manera más rápida. En este sentido, Bustinduy destacó las nuevas medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, que incluyen un aumento del 15% en la prestación del Ingreso Mínimo Vital durante los próximos tres meses y ventajas para los hipotecados en zonas afectadas, como la exención de pago de cuotas e intereses durante ese periodo.
Además, las ayudas para daños personales y en viviendas han sido significativamente incrementadas, con cifras que cuadruplican las anteriores propuestas legislativas. Por ejemplo, para los casos de fallecimiento se prevé una compensación de 72.000 euros, manteniendo el acceso sin la restricción de dependencia económica; una medida acogida favorablemente por las entidades presentes.
Al finalizar la reunión, Bustinduy agradeció a todas las organizaciones por su esfuerzo y colaboración, enfatizando la importancia de la alianza entre las administraciones públicas y la sociedad civil. Recalcó que dicha colaboración, junto con la participación ciudadana, es «un activo esencial» en la construcción de un Estado Social que garantice un futuro democrático y equitativo para todos, sin dejar a nadie atrás.
Fuente: Ministerio de Consumo
